El Tribunal Constitucional de Perú evalúa el pedido del expresidente Ollanta Humala para anular la condena de 15 años de prisión por lavado de activos vinculada a la financiación de sus campañas electorales.

La audiencia se centró en un hábeas corpus presentado por la defensa de Humala, quien sostiene que los hechos por los que fue condenado no constituían delito en el momento en que ocurrieron. El exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo desde la sentencia, junto a otros expresidentes del país.

Durante la sesión, el fiscal anticorrupción Germán Juárez pidió rechazar el recurso, argumentando que el caso de Humala presenta diferencias sustanciales respecto a otros procesos revisados por el Tribunal Constitucional, como los de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski.

La acusación fiscal sostiene que Humala habría recibido financiamiento ilícito durante las campañas de 2006 y 2011, incluyendo aportes provenientes de redes de corrupción internacionales, lo que configuraría el delito de lavado de activos.

Mientras tanto, la resolución del Tribunal podría marcar un precedente relevante en la revisión de condenas por financiamiento político en Perú, en un contexto donde la Justicia ya ha reabierto o archivado otros casos vinculados a expresidentes y figuras políticas de alto perfil.