Tras seis años de consultas y trabajo multisectorial, el Estado peruano aprobó la primera Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040, una estrategia que busca garantizar derechos colectivos a más de seis millones de personas pertenecientes a comunidades indígenas.

Perú aprobó oficialmente la primera Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 (PNPI), considerada un hecho histórico por las organizaciones indígenas y especialistas en derechos humanos. El documento, liderado por el Ministerio de Cultura, articula el trabajo de 40 entidades pertenecientes a 19 ministerios y busca cerrar brechas históricas que afectan a las comunidades indígenas del país.

La política establece nueve objetivos prioritarios relacionados con la titulación de tierras, acceso a salud y educación intercultural, protección de pueblos en aislamiento, fortalecimiento del liderazgo femenino y preservación de conocimientos tradicionales. Además, contempla 141 servicios públicos orientados específicamente a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas.

Especialistas destacaron que la PNPI no solo crea nuevos mecanismos, sino que también obliga a las instituciones públicas a adaptar servicios ya existentes bajo un enfoque intercultural y de derechos humanos. Entre las principales preocupaciones abordadas se encuentran la defensa territorial, la protección de líderes indígenas amenazados y el acceso a servicios básicos como agua potable, conectividad y saneamiento.

Uno de los aspectos más valorados del proceso fue la participación directa de las comunidades indígenas durante la elaboración de la política. El proceso incluyó talleres, consultas previas y mesas de diálogo en distintas regiones del país, convirtiéndose en una de las primeras políticas multisectoriales consultadas formalmente en Perú.

Sin embargo, representantes indígenas advirtieron que la aprobación de la norma representa solo el primer paso. Señalaron que el principal desafío será garantizar presupuesto, personal capacitado y coordinación entre los distintos niveles del Estado para ejecutar las medidas planteadas hasta 2040.

Las organizaciones indígenas consideran que la seguridad jurídica de los territorios fue uno de los pilares centrales de la negociación. También resaltaron que la nueva política reconoce por primera vez de manera explícita la deuda histórica del Estado peruano con los pueblos originarios y plantea acciones concretas para revertir décadas de exclusión y vulneración de derechos.