El 1 de marzo de 2026, la Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó de una emergencia en el gasoducto que transporta el gas natural desde el yacimiento de Camisea, en el distrito de Megantoni, Cusco, hacia Lima: una fuga y deflagración en el sistema de transporte obligó a paralizar el suministro del combustible hacia la capital. El gobierno declaró una emergencia energética de 14 días que las autoridades calificaron como la crisis de este tipo más grave del país en las últimas dos décadas, al afectar a más de dos millones de hogares y a prácticamente todo el transporte público de Lima y Callao que opera a gas natural vehicular (GNV).

La premier Denisse Miralles anunció el 6 de marzo un paquete de medidas de contingencia que incluyó teletrabajo obligatorio para el sector público en Lima y Callao, clases a distancia para todos los niveles educativos entre el 9 y el 13 de marzo, el incremento del subsidio del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para las familias de bajos recursos que compran balones de gas, y una compensación para los taxistas con vehículos convertidos a GNV. El sector privado fue exhortado a adoptar las mismas modalidades de trabajo remoto durante el periodo de emergencia.

La crisis expuso con crudeza la fragilidad energética de Lima, una ciudad de diez millones de habitantes dependiente de un solo gasoducto como vía principal de suministro de gas natural. El accidente ocurrió en una zona de selva de difícil acceso que solo puede abordarse por vía aérea, lo que complicó las tareas de reparación de TGP. En Villa El Salvador, 28 camiones compactadores de basura quedaron fuera de servicio por la escasez de GNV, generando la acumulación de más de mil toneladas de residuos en las calles de la zona.

La emergencia desencadenó un debate sobre la planificación energética de largo plazo en el Perú. Analistas señalaron que el país no desarrolló fuentes alternativas de generación ni una red de gasoductos regionales, lo que deja a Lima en una posición de vulnerabilidad estructural. El exministro de Energía y Minas Angelo Alfaro reconoció que la sucesión de ocho presidentes entre 2016 y 2026 impidió mantener una mirada estratégica de largo plazo en materia energética, tal como lo habían logrado décadas anteriores.