El Congreso peruano aprobó un proyecto de ley que establece que los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas y la policía, incluidos casos de asesinatos, torturas, violaciones y corrupción, sean juzgados por tribunales militares.

La iniciativa obtuvo el respaldo de 52 legisladores de distintas bancadas, entre ellos miembros de Fuerza Popular, y también dispone que la Corte Suprema priorice la jurisdicción militar en casos donde exista superposición con procesos civiles. La medida ahora está en manos del presidente interino José Balcázar, quien tiene 15 días para promulgarla o devolverla con observaciones.

El proyecto ha generado críticas de organismos internacionales y de Naciones Unidas, que advierten que los casos de violaciones a los derechos humanos deben ser tratados por tribunales independientes del fuero militar. También organizaciones de derechos humanos locales alertaron que esta reforma podría debilitar investigaciones en curso.

Actualmente, más de 300 efectivos de seguridad son investigados por su presunta responsabilidad en muertes y lesiones ocurridas durante protestas sociales recientes. Sectores críticos señalan que el cambio podría impactar directamente en esos procesos judiciales y limitar el acceso a la justicia de las víctimas.