El 5 de abril de 2026 se cumplieron 34 años del denominado autogolpe perpetrado por el expresidente Alberto Fujimori, quien el 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso con apoyo de las Fuerzas Armadas, suspendió la Constitución vigente e intervino el Poder Judicial. La efeméride adquirió un peso particular en el contexto de las elecciones del 12 de abril, con Keiko Fujimori —hija del exmandatario— liderando las encuestas y aspirando a llegar a su cuarta segunda vuelta consecutiva, lo que convierte a la historia del fujimorismo en un eje inevitable del debate electoral.

La República recordó la fecha con una editorial que advirtió que la democracia debe cuidarse más allá del voto. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos realizaron actos conmemorativos en Lima y regiones, recordando el cierre del Congreso, el encarcelamiento de políticos y periodistas, y el inicio de un periodo que derivó en graves violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Corte Superior de Justicia de Lima, en paralelo, realizó una notificación especial en sistema Braille en el marco de su política de acceso a la justicia.

Keiko Fujimori respondió durante los debates que sus críticos han mantenido una postura ‘antifujimorista’ durante 25 años y que, a pesar de las difamaciones y el tiempo que pasó en prisión preventiva, llega a esta elección fortalecida y sin rencores. Sus críticos contraargumentaron que la candidata no ha dado una respuesta satisfactoria sobre el legado autoritario de su padre ni sobre las investigaciones judiciales por presunto financiamiento irregular que pesan sobre su partido.

La conmemoración también resonó internacionalmente. CNN en Español y otros medios regionales recordaron que Perú ha tenido ocho presidentes en los últimos diez años, un ciclo de inestabilidad ejecutiva que algunos analistas vinculan indirectamente a las reformas institucionales —y sus contradicciones— heredadas del periodo fujimorista. La pregunta de fondo que atraviesa este proceso electoral es si el próximo gobierno será capaz de construir gobernabilidad en un sistema político fragmentado y con instituciones debilitadas.