El gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos fronterizos de Palca, Tacna central, La Yarada-Los Palos —en la provincia de Tacna— y Tarata —en la provincia de Tarata—, mediante el Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM publicado el jueves 9 de abril en el Diario Oficial El Peruano. La medida suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, y establece que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La declaratoria responde al agravamiento de la situación de criminalidad y violencia en la zona fronteriza con Chile y Bolivia, donde el crimen organizado vinculado al narcotráfico y el contrabando ha incrementado su presencia en los últimos meses. Las fuerzas del orden determinarán las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores estadísticos y mapas del delito, según establece el decreto. La norma es la más reciente en una larga cadena de estados de emergencia que el gobierno transitorio ha declarado en distintas regiones del país.

El decreto fue publicado en la misma edición del Diario Oficial que acreditó al Parlamento del Mercosur (Parlasur) y a Transparencia Electoral como organismos facultados para presentar observadores en las Elecciones Generales 2026. La coincidencia no es casual: el gobierno busca demostrar capacidad de acción en materia de seguridad pública en la antesala de los comicios, mientras la comunidad internacional observa el proceso electoral con atención.

Tacna ha sido históricamente una región sensible por su posición fronteriza y por ser un corredor de tráfico de drogas, armas y personas. La declaratoria de emergencia es bien recibida por los gremios empresariales locales, que señalan que la inseguridad afecta directamente la actividad comercial y turística de la región. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron que los estados de emergencia deben aplicarse con protocolos estrictos para evitar abusos, y recordaron que en Perú existe un historial de uso indebido de estas herramientas legales en zonas de alta conflictividad.