El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, en la región de Ica, para reforzar la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia.
Durante el período de emergencia, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno y determinará las zonas de intervención a partir de información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito. El pedido de declarar la emergencia fue presentado por la propia institución policial ante el aumento de hechos delictivos, entre ellos homicidios y extorsiones.
La medida contempla la restricción temporal de cuatro derechos constitucionales: la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Además, los eventos religiosos, culturales, deportivos y otras actividades públicas de carácter masivo deberán contar con autorización previa.
El operativo también incluye acciones de seguridad en los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas previstas figuran controles para impedir comunicaciones de organizaciones criminales desde las cárceles, el retiro de antenas ilegales y la instalación de sistemas destinados a bloquear señales electrónicas.
La decisión en Pisco y San Andrés se suma a otras declaraciones y prórrogas del estado de emergencia aplicadas en distintas regiones de Perú. El Gobierno también mantiene medidas similares en zonas de Tumbes y La Libertad, además de Lima y el Callao, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad frente al avance de la delincuencia y el crimen organizado.
