El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco establecimientos penitenciarios de alta seguridad. La medida busca reforzar el control externo de las cárceles y combatir a las organizaciones criminales que operarían desde los centros de reclusión.

La disposición comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad. El decreto establece un perímetro de intervención de hasta 200 metros alrededor de cada establecimiento, donde se aplican restricciones vinculadas con la circulación, las reuniones y la seguridad personal.

La Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, quedó a cargo del control de las zonas exteriores. Los operativos incluyen vigilancia del perímetro, control de accesos y tareas de inteligencia para prevenir fugas y evitar el ingreso de celulares, tarjetas SIM, armas y otros objetos prohibidos.

La medida también contempla acciones sobre el espectro electromagnético para detectar antenas, repetidores y otros mecanismos utilizados para mantener comunicaciones desde el interior de las cárceles. El Instituto Nacional Penitenciario continuará encargado de la administración y la seguridad dentro de los establecimientos.

El penal Miguel Castro Castro se encuentra entre los centros incluidos debido a antecedentes de amenazas y hallazgos de elementos vinculados con comunicaciones clandestinas. Pese a la declaración de emergencia, imágenes difundidas durante la jornada mostraron que inicialmente no había efectivos policiales ni militares custodiando el perímetro del establecimiento, lo que generó cuestionamientos sobre la aplicación de la medida.