El asesinato de María Jimena Avellaneda, una niña de 11 años, generó una fuerte conmoción en el Perú y abrió el debate sobre la seguridad infantil y la respuesta de las autoridades. El hecho ocurrió en 2018 en San Juan de Lurigancho, tras su desaparición.

El caso expuso debilidades en los protocolos de búsqueda inmediata de menores y en el control de antecedentes de personas con denuncias previas. La situación provocó una fuerte reacción social y política que impulsó reformas para reforzar las sanciones en delitos contra menores.

El responsable del hecho fue detenido y posteriormente condenado a cadena perpetua, además de una reparación económica a favor de la familia de la víctima. Las investigaciones judiciales señalaron que el agresor contaba con antecedentes por hechos similares, lo que reabrió el debate sobre el seguimiento a personas con condenas o denuncias previas.

Durante el proceso se analizaron distintas fallas institucionales, incluyendo demoras en la respuesta inicial y problemas en la coordinación de la búsqueda. También se revisaron procedimientos policiales y administrativos en la zona donde ocurrió la desaparición.

A partir del caso, se impulsaron modificaciones legales conocidas de manera informal como “Ley Jimena”, orientadas a endurecer las penas por delitos graves contra menores y a fortalecer los mecanismos de protección y control. El hecho continúa siendo un punto de referencia en el debate sobre justicia y seguridad infantil en el país.