La ciudad de Chiclayo enfrenta una fuerte controversia tras la difusión de una ordenanza municipal que establece un máximo de dos mascotas por vivienda y prevé multas para quienes superen ese límite.

La medida forma parte de una ordenanza más amplia vinculada a la tenencia responsable y el control animal. Sin embargo, el punto que despertó mayor polémica fue la restricción numérica de perros y gatos dentro de los hogares. Distintos sectores consideran que la disposición no ataca las causas estructurales del problema, como el abandono, la falta de esterilización y la escasa fiscalización del comercio informal de mascotas.

Las críticas también apuntan a la falta de infraestructura para contener las posibles consecuencias de la norma. Organizaciones animalistas advirtieron que la ciudad no cuenta con suficientes refugios, programas veterinarios ni políticas públicas que permitan afrontar un eventual aumento de abandonos. Además, sostienen que la medida podría perjudicar especialmente a familias y rescatistas que albergan animales de manera temporal.

El conflicto derivó en protestas públicas y obligó a la municipalidad a revisar la normativa. La alcaldesa Janet Cubas anunció que el contenido de la ordenanza será reevaluado y abrió la posibilidad de introducir modificaciones. Mientras tanto, el municipio informó la creación de un comité de protección y bienestar animal para debatir soluciones junto a especialistas y organizaciones sociales.

Especialistas en bienestar animal reconocen que limitar la cantidad de mascotas podría ayudar a prevenir situaciones de hacinamiento o maltrato en algunos casos. No obstante, remarcan que las restricciones solo pueden ser efectivas si están acompañadas por campañas de esterilización, educación comunitaria y políticas de adopción responsable, ya que las sanciones económicas por sí solas difícilmente resuelvan el problema de fondo.