El juez Leodán Cristóbal Ayala del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria emitió el martes 31 de marzo una nueva resolución para renovar las órdenes de ubicación y captura —a nivel nacional e internacional vía Interpol— contra Vladimir Cerrón Rojas, candidato presidencial por Perú Libre. La medida fue necesaria porque las anteriores órdenes habían vencido el domingo 29 de marzo. Sobre Cerrón pesa una prisión preventiva de 24 meses vigente desde diciembre de 2023, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso ‘Aportes ilícitos a Perú Libre’, que involucra el presunto financiamiento irregular de sus campañas entre 2008 y 2021.

A la fecha del debate presidencial, Cerrón acumulaba 901 días como prófugo de la justicia peruana. A pesar de ello, el JNE no puede retirar su candidatura presidencial porque la ley solo permite la exclusión de postulantes por causas estrictamente electorales, no por órdenes de captura. El líder de Perú Libre siguió el debate del lunes 30 de marzo desde la clandestinidad y publicó comentarios en tiempo real a través de la red social X, atacando a casi todos los candidatos participantes. Para la jornada del martes, en la que había sido sorteado para debatir, su espacio quedó vacío. Su compañero de fórmula tampoco lo reemplazó.

El caso Cerrón también agitó al Tribunal Constitucional (TC), cuyos magistrados están bajo escrutinio por la celeridad con que tramitaron un habeas corpus presentado por la defensa del prófugo para anular su prisión preventiva. La presidenta del TC, Luz Pacheco, anunció que investigaría las presuntas irregularidades detectadas en el proceso interno: la propuesta de sentencia favorable a Cerrón, elaborada por el magistrado ponente Pedro Hernández, habría avanzado sin el aval del jefe de la Comisión de Habeas Corpus. La situación pone en el ojo de la tormenta a una institución que ya venía siendo cuestionada por su independencia, a escasas semanas de unas elecciones que definirán el futuro del país.