El primer ministro Luis Galarreta presentó las principales políticas del nuevo Ejecutivo peruano, con la seguridad como eje central. El Gobierno anunció nuevas cárceles, mayor participación de las Fuerzas Armadas y un pedido de facultades legislativas.
El primer ministro peruano, Luis Galarreta, presentó este jueves ante el Congreso las principales políticas del Gobierno de Keiko Fujimori, a menos de un mes de su llegada al poder. El funcionario describió un Estado desbordado por la burocracia y aseguró que la administración buscará acelerar las decisiones para enfrentar problemas como la inseguridad, las emergencias y las dificultades económicas. La exposición se produjo en un contexto de crecientes cuestionamientos a varios integrantes del gabinete y de una crisis de seguridad que todavía no muestra señales de retroceso.
La seguridad fue el principal eje del discurso. Galarreta anunció la construcción de penales de alta seguridad para los delincuentes considerados más peligrosos y propuso utilizar cuarteles de las Fuerzas Armadas que se encuentren en desuso para alojar a condenados por delitos menores. También planteó fortalecer el sistema de flagrancia, recuperar capacidades de inteligencia y permitir una participación excepcional de los militares en tareas de apoyo a la seguridad y al sistema penitenciario.
El Gobierno enfrenta, sin embargo, un escenario complejo. Durante sus primeras semanas, Fujimori tuvo diferencias públicas con el ministro de Economía, Elmer Cuba, por sus declaraciones sobre las lluvias que afectaron a Lima y la costa sur. A esto se sumó el enfrentamiento entre los ministros de Justicia y Cultura por el futuro del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. También existen cuestionamientos sobre la experiencia de algunos funcionarios y sobre el financiamiento de la campaña del ministro de Defensa.
La estrategia de seguridad también es puesta a prueba por los resultados registrados desde el inicio de la administración. En las primeras tres semanas se contabilizaron 121 homicidios, 93 de ellos cometidos con armas de fuego, mientras que el denominado Plan Escudo, que desplegó a más de 4.000 policías y militares contra las extorsiones en el transporte público, todavía no logró modificar la percepción de inseguridad. Los transportistas, además, anunciaron un paro nacional para el 25 de agosto debido a los asesinatos vinculados con las extorsiones y al aumento del combustible.
Galarreta también anunció la creación de una comisión nacional para coordinar la respuesta ante el próximo Fenómeno El Niño y anticipó que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas, principalmente en materia de seguridad ciudadana. Tras su exposición se desarrolló un debate de cuatro horas, aunque el primer ministro no debió someterse a un voto de confianza. El nuevo esquema parlamentario, tras el regreso de la bicameralidad, eliminó esa obligación para los nuevos gabinetes.
