La justicia rusa dictó una dura sentencia contra un humorista acusado de realizar bromas consideradas ofensivas para ciertos sectores de la sociedad. El fallo incluye una pena de varios años de prisión y se apoya en leyes que castigan expresiones vistas como ataques a valores religiosos o sociales.

El caso se originó a partir de dos chistes realizados en presentaciones públicas, uno referido a una persona con discapacidad y otro a una figura religiosa. Las autoridades judiciales consideraron que esos comentarios constituyen un delito de incitación al odio y ofensa a los sentimientos de los creyentes.

La defensa del comediante cuestionó el proceso y sostuvo que se trata de un castigo desproporcionado que limita la libertad de expresión artística. Organizaciones de derechos humanos también expresaron preocupación por el precedente que deja la sentencia.

El juicio se desarrolló en un clima de fuerte control estatal sobre los contenidos culturales y mediáticos, en un contexto más amplio de endurecimiento de las normas contra discursos considerados sensibles o críticos.

Este fallo vuelve a poner en el centro del debate el alcance de la libertad de expresión en Rusia y el rol del humor y la sátira en sociedades donde el margen para la crítica pública es cada vez más estrecho.