A poco más de un mes de asumir la presidencia interina, José Jerí decidió mantener sin cambios el plan de seguridad ciudadana que se aplica desde 2018, pese a que este debía ser renovado hace dos años. La decisión ha sido cuestionada por diversos especialistas que señalan que el documento, reciclado durante tres gestiones consecutivas, no ha logrado reducir los índices delictivos en el país.

El plan fue elaborado originalmente durante el gobierno de Martín Vizcarra y planteaba metas a cinco años que nunca se cumplieron plenamente. A pesar de su vigencia vencida, continuó siendo utilizado por los gobiernos siguientes sin una evaluación integral de resultados ni actualizaciones de fondo.

Expertos en seguridad, como el exgeneral Eduardo Pérez Rocha, advirtieron que la falta de una nueva estrategia nacional explica en parte el incremento de los delitos violentos, la expansión de las extorsiones y la pérdida de control territorial en varias regiones del país. La ausencia de objetivos claros y de recursos sostenibles ha debilitado la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y de los municipios.

Ante las críticas, Jerí reconoció que el plan vigente “no responde a la realidad actual del país” y prometió presentar una nueva estrategia enfocada en resultados y en coordinación interinstitucional. Sin embargo, su decisión de mantener el documento heredado durante su primer mes de gestión ha sido interpretada como una señal de continuidad en una política considerada ineficiente.