El reciente dictamen aprobado por el Congreso de la República junto al Ejecutivo representa un cambio significativo en la lucha del Estado frente a las mafias que operan en el sector transporte. Mediante la nueva ley, se establecen medidas extraordinarias para enfrentar la extorsión y el sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías, un sector golpeado por amenazas, cobros ilegales y violencia organizada.

El presidente José Jerí calificó la norma como un “punto de quiebre”, al señalar que el Estado dispone ahora de herramientas más robustas para coordinar entre instituciones, desarticular redes criminales y brindar respaldo a transportistas y usuarios afectados. Entre las medidas destacan la creación de grupos interinstitucionales, la vigilancia financiera de empresas de transporte, la formalización y protección de denuncias, y la intervención en rutas vulnerables.

No obstante, el éxito de esta ley dependerá de su implementación efectiva en el terreno. Organismos del transporte advierten que solo con articulación estatal, recursos adecuados y seguimiento continuo se podrá cambiar la realidad de miles de conductores, cobradores y usuarios que viven bajo la amenaza cotidiana. La norma promete mayores sanciones y mecanismos de control, pero el desafío ahora es traducir esas promesas en seguridad real y estabilidad para el sector.